El 18 de noviembre de 2009 swiss.info afirmaba con rotundidad, al presentar los resultados de una encuesta realizada por el instituto gfs.bern :

Los suizos rechazarían iniciativa anti alminares.

Una afirmación en modo potencial pide de parte de su emisor la expresión de una subordinada condicional que precise las circunstancias de su realización posible. Así lo hace el emisor de esta previsión optimista:

"Si ahora fueran las votaciones para pronunciarse en torno a la iniciativa que quiere prohibir la construcción de nuevos alminares en Suiza, la mayoría de la población estaría en contra de la propuesta".

Siguen las precisiones técnicas siguientes sobre la encuesta:

"Lo anterior {referencia a su previsión optimista}, según los resultados de una encuesta realizada por el instituto gfs.bern, encargada por el ente público SRG SSR idée suisse.

El sondeo fue realizado entre el 9 y el 14 de noviembre de 2009. Se llamó por teléfono a 1.213 personas de distintas edades y perfiles socio-económicos de las tres regiones lingüísticas de Suiza. El margen de error es de +/- 2,9%."

Por desgracia el voto de los Suizos ha contradicho cruelmente el optimismo de esta previsión: un «sí» inesperado pretende legislar, en el nivel constitucional, la prohibición de construir alminares en la Confederación Suiza.

Dichosamente hay constitucionalistas suizos que ven una "salida de socorro" posible para el "callejón sin salida" en el que la mayoría de los suizos se han metido, al votar con el "sí" por la prohibición de construir nuevos alminares en el territorio helvético.

Un recurso inmediato en Estrasburgo es posible
por Denis Masmejan, traducido por Sagabardón
Original y traducción del 30.11.2009

Según el constitucionalista Andreas Auer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría ser consultado sin esperar la aplicación concreta de la iniciativa, puesto que ésta discrimina de hecho a una parte delimitada e identificable de la población.

El escrutinio de este domingo plantea, esta vez en términos especialmente agudos, la cuestión de la relación entre la democracia directa y el derecho internacional.

¿La prohibición de la construcción de alminares podrá realmente aplicarse cuando el Consejo federal, y con él numerosos juristas, ha advertido que esta prohibición era contraria a dos Tratados internacionales ratificados por Suiza : el Convenio europeo de los derechos humanos y el Pacto de la ONU relativo a los derechos civiles y políticos?

Estos dos Tratados garantizan uno y otro la libertad religiosa y prohíben la discriminación. La cuestión es tanto más enojosa para Suiza, porque acaba de asumir la Presidencia del Consejo de Europa, cuyo Convenio europeo de los derechos humanos y Tribunal de Estrasburgo, encargado de hacerlos respetar, son los instrumentos por excelencia.

“Es la primera confrontación directa entre los derechos populares y el derecho internacional”, analiza el constitucionalista Andreas Auer, que enseña en la Universidad de Zurich después de haber dejado la de Ginebra. Decepcionado por el resultado salido de las urnas el domingo, este especialista de la democracia directa no piensa menos que es seguro que, en última instancia, el derecho internacional triunfará: “Esta iniciativa no podrá aplicarse.”

Andreas Auer afirma que puede depositarse inmediatamente un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El presidente de los Verdes, Ueli Leuenberger, ha indicado que esta hipótesis es estudiada por su partido. Andreas Auer destaca que cuando una disposición discrimina a una categoría bien precisa y delimitada de la población, como es el caso de la iniciativa antialminares, es posible recurrir al Tribunal sin esperar que una decisión concreta de prohibición se tome respecto a particulares. Una acción paralela ante las instancias de la ONU, en particular, ante el Consejo de los derechos humanos, tendría en cambio por consecuencia, nota Andreas Auer, que el Tribunal de Estrasburgo debería suspender su examen.

Original en francés del texto

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